Peru.com.- La Defensoría del Pueblo del Perú ha tomado cartas en el asunto en el caso del ciudadano peruano-español Renzo Pirca Martínez, quien habría sufrido una agresión policial el 11 de mayo en Madrid, España.
Según la representante de la Defensoría, Gisela Vignolo, su institución ha pedido información al director general de los Derechos de los Peruanos en el Exterior, Marco Nuñez.
“Esa información fue solicitada el 12 de agosto, el mismo día que tomamos conocimiento” del caso por intermedio de un parlamentario andino, precisó la funcionaria, que subrayó que el caso de Pirca “ya está en la Fiscalía de España”.
En su denuncia ante las autoridades españolas, Pirca señaló que los golpes que recibió de los agentes policiales le hicieron perder el conocimiento y que hasta le dijeron: “No te muevas o te disparo y te vas a tu país en un cajón”.
Tras el incidente, el agredido acudió a un centro de salud en el que le dieron varios puntos de sutura en la cabeza, y posteriormente fue operado de un ojo en el hospital Doce de Octubre.
Pero, según la Policía española, Pirca agredió a los agentes cuando acudieron a su casa para detenerle por un supuesto delito de malos tratos.
La representante de la Defensoría del Pueblo de Perú aseguró que “no se trata de un caso de un inmigrante irregular”, ya que Pirca es asimismo ciudadano español.
Pese a no vincular el caso de Pirca con la inmigración, Vignolo dijo en la misma rueda de prensa que la Defensoría ha pedido información sobre el número, así como la situación de los peruanos en los centros de detención para inmigrantes sin papeles en Europa.
Por su lado, la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, planteó realizar un debate sereno y minucioso sobre las consecuencias de la aplicación de la Directiva del Retorno de inmigrantes irregulares, aprobada por la Eurocámara el 18 de junio.
La “inadecuada aplicación” de esta normativa podría afectar a ocho millones de inmigrantes latinoamericanos, entre ellos 200 mil peruanos, señaló Merino.
Dijo que lo que más le preocupa a la Defensoría del Pueblo de esa norma es la posibilidad de privar de libertad a un inmigrante durante un máximo de 18 meses, la expulsión de menores de edad sin la compañía de sus familiares y la prohibición de retorno durante cinco años de las personas expulsadas.
Sin embargo, aclaró que la Defensoría del Pueblo de Perú “reconoce y respeta” la soberanía de los Estados de la Unión Europea para aplicar sus leyes y regular la entrada de inmigrantes.
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