La fábrica de ropa funcionaba en un antiguo centro de tortura de la dictadura. Las autoridades clausuraron el recinto clandestino
El Gobierno porteño clausuró un taller textil clandestino del barrio de Floresta donde trabajaban y vivían en “condiciones inhumanas” unos 20 bolivianos, entre empleados y sus hijos.

El lugar donde fue descubierto el taller funcionó como un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar argentina (1976-1983), conocido como Automotores Orletti, donde permanecieron secuestrados numerosos ciudadanos uruguayos, informó hoy el diario Página 12.

El taller funcionaba en la planta alta del ex centro de detención, donde cada uno de los trabajadores bolivianos se desempeñaba de 7:00 a 23:00 por unos 400 pesos (129 dólares) al mes, según revelaron los empleados.

El procedimiento, al que asistieron autoridades de Buenos Aires, se realizó luego de que la administración porteña recibió una denuncia con información detallada sobre la actividad en el lugar.

“Además de las puertas de rejas, de las máquinas y las camas amontonadas donde tenían que dormir los trabajadores, en la planta alta había gran cantidad de material inflamable y no se observaba la existencia de medidas de seguridad frente a un eventual incendio”, indicó uno de los funcionarios presentes en el procedimiento.

El taller estaba compuesto por cinco habitaciones y una cocina con puertas con barrotes de hierro, donde los trabajadores vivían junto a sus hijos, dos adolescentes, dos niños y un bebé.

“Muchas veces nos prohibían salir a la terraza”, contó uno de los ciudadanos bolivianos, quien junto con su esposa y sus dos hijos dormían en una misma habitación con una sola cama de doble plaza.

Según la información recolectada por los inspectores, en el taller clandestino se confeccionaban pantalones, camisas, polleras y camperas para la marca Modas Lim, que pertenecería a un ciudadano coreano.

Los responsables del lugar son los integrantes de un matrimonio boliviano, según señalaron fuentes oficiales.

La clausura se produjo un año después de que seis bolivianos murieron, cuatro de ellos niños, durante un incendio en un taller textil del barrio porteño de Caballito, donde trabajaban y vivían unas 50 personas en condiciones de esclavitud.

Tras el siniestro, las autoridades argentinas pusieron en marcha un plan de inspecciones contra el “trabajo esclavo” que supuso la clausura de más de 700 establecimientos de costura, cuyos trabajadores eran en su mayoría extranjeros indocumentados.

El episodio también motivó denuncias judiciales por parte de la Unión de Trabajadores Costureros de Buenos Aires y una multitudinaria marcha de inmigrantes bolivianos para pedir por el trabajo digno.

Testimonio de Dionisio

Dionisio, uno de los empleados del lugar, le dijo a Página 12 que trabajaba allí desde hacía dos meses, junto con su esposa. Ambos tienen 39 años y dos hijos, de 14 y 15 años, que vivían con ellos en el mismo lugar donde trabajaban. En tres de los ambientes más grandes del local se encontraron más de 10 máquinas de coser. Esos serían los lugares donde se trabajaba, de 7:00 a 23:00, de lunes a viernes, y mediodía los sábados. Los trabajadores tenían un solo descanso diario, de una hora, al mediodía, para comer. Dionisio dijo que le pagaban “60 centavos por cada prenda” terminada. A fin de mes, el matrimonio reunía en conjunto unos 800 pesos. Con sus dos hijos dormían en la misma pieza, que tenía una sola cama de dos plazas. “Nos turnábamos: una vez dormíamos con mi esposa en la cama y al otro día, dormíamos en el suelo, a veces sin colchón.”

VÃ?CTIMAS

Las víctimas, que en los años de dictadura en su gran mayoría fueron de nacionalidad uruguaya, eran esta vez unos 20 ciudadanos bolivianos, entre trabajadores explotados y sus hijos: dos adolescentes, dos niños y un bebé. Además de trabajar 16 horas diarias por un sueldo miserable, los obreros vivían en el mismo lugar, en condiciones insalubres.

El operativo policial

El diario Página 12 llegó al lugar del operativo (el edificio donde funcionaba el taller clandestino) y pudo observar el extraño movimiento realizado por los ocupantes del patrullero 1188, que tiene jurisdicción en la zona. Uno de los uniformados se bajó y llamó por el portero eléctrico correspondiente a la planta alta del edificio de Venancio Flores. “Ya vienen”, fue la frase que se pudo escuchar y que también oyeron dos miembros de la Cooperativa La Alameda, que preside Gustavo Vera, quien encabezó un “escrache” que se realizó anoche en el lugar, en coincidencia con la inspección que terminó con la clausura de esa parte del edificio de la triste fama. El mismo patrullero, minutos más tarde, volvió a pasar dos veces por el frente de la vieja casona y, cuando la calle se llenó de manifestantes, dejó de hacerlo. “En casos como éstos, nunca avisamos a la comisaría correspondiente, por precaución, para que no haya filtraciones que hagan fracasar el operativo”, dijeron.
Texto: LosTiempos.Com

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